La Cámara de Diputados dio media sanción a un paquete de medidas destinado a pequeñas y medianas empresas con deudas provinciales. El proyecto suspende embargos, amplía planes de pago, reduce intereses y contempla quitas en multas. Ahora deberá ser tratado por el Senado.
Las pequeñas y medianas empresas mendocinas que mantienen deudas con el fisco provincial quedaron un paso más cerca de acceder a un régimen de alivio financiero.
La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que busca facilitar la regularización de obligaciones tributarias y financieras mediante una combinación de plazos más largos, menores intereses y suspensión temporal de medidas judiciales.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el recinto y ahora deberá pasar al Senado para convertirse en ley. Durante su tratamiento incorporó aportes de distintos bloques y legisladores, entre ellos propuestas vinculadas con embargos, planes de pago y compensaciones fiscales.
Suspensión de embargos hasta fin de año
Uno de los puntos centrales es la suspensión de embargos e inhibiciones generales de bienes en juicios de apremio para contribuyentes que cuenten con el Certificado MiPyME vigente.
La medida regirá hasta el 31 de diciembre de 2026 y podrá extenderse por otros seis meses si el Poder Ejecutivo así lo dispone.
ATM deberá verificar previamente la condición de MiPyME antes de avanzar con determinadas acciones de cobro.
Planes de pago de hasta 18 cuotas
El proyecto también amplía las posibilidades de financiación.
La Administración Tributaria Mendoza podrá ofrecer planes de hasta 18 cuotas mensuales para deudas tributarias y no tributarias vencidas durante el ejercicio corriente hasta el 30 de septiembre de 2026.
Actualmente, para obligaciones correspondientes al año en curso, el régimen contempla hasta 12 cuotas.
Menores intereses y quita de multas
Otro de los ejes apunta directamente al costo de mantener una deuda con el Estado provincial.
La tasa de interés resarcitorio bajará del 2,5% al 2%, mientras que la tasa punitoria para deudas judicializadas descenderá del 4% al 3,5%.
Además, se prevé una reducción de hasta el 50% de las multas correspondientes a Ingresos Brutos y Sellos para quienes regularicen su situación antes del 31 de diciembre.
Saldos a favor para cancelar otros impuestos
Las pymes alcanzadas también podrán utilizar determinados saldos a favor de Ingresos Brutos para cancelar obligaciones vinculadas con impuestos patrimoniales.
El beneficio estará disponible para contribuyentes con Certificado MiPyME vigente y busca permitir que créditos fiscales acumulados puedan utilizarse para reducir otras deudas con la Provincia.
Un alivio, pero no una solución de fondo
Aunque el proyecto obtuvo respaldo transversal, durante el debate aparecieron distintas miradas sobre su alcance.
Desde el oficialismo remarcaron que no se trata de una condonación de deuda, sino de otorgar más tiempo y mejores condiciones para que empresas en dificultades puedan regularizarse.
Desde sectores de la oposición, en cambio, acompañaron la iniciativa pero cuestionaron que las medidas sean suficientes frente a la caída del consumo, las dificultades de financiamiento y los problemas de rentabilidad que atraviesan muchas pymes.
Entre las expresiones más críticas aparecieron definiciones que describieron el paquete como una solución transitoria, una “aspirina” o un alivio que llega tarde frente a una situación económica más profunda.
El problema de fondo sigue abierto
El proyecto puede representar un respiro para empresas que hoy enfrentan embargos, intereses elevados o dificultades para cumplir con sus obligaciones.
Pero no modifica por sí solo las condiciones que llevaron a muchas pymes a endeudarse.
La caída de ventas, el costo del financiamiento, la presión sobre los márgenes y las dificultades para sostener empleo e inversión siguen formando parte de un escenario que afecta a distintos sectores de la economía mendocina.
Por eso, la discusión que continuará ahora en el Senado tendrá dos planos.
Uno inmediato: cómo evitar que una deuda fiscal termine acelerando el cierre o la descapitalización de una empresa.
Y otro más profundo: qué condiciones necesita Mendoza para que sus pymes no dependan de un régimen de emergencia para poder seguir funcionando.
