La administración sureña formalizó un reclamo administrativo para recuperar la posesión del inmueble cedido en 2017 y exigir el reembolso de las prestaciones asumidas durante años.
A través de una resolución avalada por los concejales, el municipio intimó a la representación del Ministerio Público Fiscal a diagramar la entrega progresiva de las instalaciones que ocupa en la comuna. En el texto legal se demanda la cancelación de las facturas acumuladas por luz, agua y gas durante casi una década de permanencia, sumado a una reparación monetaria por el uso exclusivo que el organismo hizo de las dependencias locales.
La transformación de un espacio destinado a la comunidad
El origen del desacuerdo se remonta a la gestión del exintendente Jorge Vergara Martínez, cuando el municipio acordó prestar el predio diseñado para albergar un Centro Integrador Comunitario. Aunque la estructura nació respaldada por programas nacionales para la promoción social y la atención primaria de salud en zonas vulnerables, terminó convertida en una dependencia del esquema judicial sin un esquema de compensación financiera duradero.
Gastos operativos y afectación de personal local
De acuerdo con los fundamentos del dictamen, la falta de cancelación de los consumos básicos generó una erogación ininterrumpida que afecta las arcas del municipio, configurando un esquema de asistencia económica indirecta a favor del Estado provincial. A esta situación se añade la adscripción de trabajadores comunales que prestan tareas administrativas en fueros judiciales bajo sueldos inferiores a los del sector provincial y sin recuperar las partidas destinadas a sus haberes.
El trasfondo de la tensión institucional y las obras públicas
Desde la dirigencia comunal recalcan que asumir el sostén de un órgano dependiente del gobierno mendocino compromete la autonomía de poderes y debilita la equidad con otras comunas. Además, las autoridades del municipio criticaron la escasez de partidas destinadas a obras de infraestructura edilicia en la región sur, remarcando la marcada asimetría respecto a los desembolsos edilicios ejecutados en otros departamentos.
