El Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para ordenar el servicio a domicilio, garantizando trazabilidad y seguridad sin descuidar el rol central de los comercios habilitados.
El Gobierno provincial quiere ponerle fin al vacío legal que hoy rodea el traslado de medicamentos a los hogares, una práctica cada vez más habitual pero que carece de un marco unificado. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud y presentada en la Cámara de Diputados, busca establecer pautas claras para todo el proceso, desde que el pedido se prepara en el mostrador hasta que llega a manos del cliente, integrando herramientas digitales para su seguimiento.
Desde la cartera sanitaria aclararon que la intención no es habilitar una venta libre por internet, sino ordenar una modalidad que ya existe en la práctica diaria de muchos comercios de cercanía. Actualmente, cada negocio organiza los envíos con sus propios cadetes, lo que genera zonas grises en cuanto a la responsabilidad y el control sobre los productos transportados. Uno de los ejes principales de la nueva normativa será garantizar la trazabilidad total, permitiendo un seguimiento riguroso del recorrido que realiza cada medicamento hasta su destino final.
Además, se fijarán exigencias específicas para el traslado, como asegurar la cadena de frío en aquellos productos que lo requieran y utilizar envases inviolables para evitar cualquier manipulación durante el camino. Para dar mayor tranquilidad a los compradores, el sistema prevé la implementación de códigos digitales o tokens que certifiquen fehacientemente la identidad de la persona que recibe el medicamento. De esta manera, se busca evitar errores de entrega y asegurar que el producto llegue efectivamente al destinatario autorizado o al paciente que lo solicitó.
En cuanto a las aplicaciones tecnológicas, el proyecto aclara que podrán funcionar como nexo para gestionar la compra, pero jamás reemplazarán al establecimiento farmacéutico tradicional.
Las plataformas deberán estar debidamente registradas, pero la venta y la responsabilidad sobre el medicamento seguirán recayendo exclusivamente sobre las farmacias habilitadas. La reglamentación incluirá un criterio de distribución territorial para fomentar que los pedidos sean atendidos por comercios cercanos, evitando la concentración del servicio en pocas manos.
