La provincia de Mendoza impulsa un proyecto de ley para modernizar la producción industrial en los penales. El plan busca atraer firmas privadas, potenciar talleres y debatir el impacto de las remuneraciones.
El Ministerio de Seguridad provincial afina los detalles de la iniciativa denominada Ley de Trabajo Productivo. Este proyecto legislativo pretende reformar el marco normativo actual para fomentar la instalación de verdaderos complejos industriales dentro de los establecimientos donde conviven los presos.
La intención oficial apunta a dar un salto cualitativo respecto a las labores tradicionales del sistema penitenciario. A través de este impulso normativo, la gestión busca pasar de la confección artesanal a esquemas con máquinas industriales que brinden capacitaciones útiles para los presos una vez que recuperen su libertad.
Actualmente, las dependencias provinciales cuentan con unos 3.500 metros cuadrados cubiertos disponibles para el desarrollo de actividades fabriles. Bajo este esquema ya operan acuerdos con ocho firmas privadas que albergan la mano de obra de cientos de presos.
Las autoridades reconocen que la normativa legal vigente resulta ambigua a la hora de garantizar la logística y resguardo de maquinarias complejas. Por ese motivo, la nueva propuesta técnica aspira a dotar de certeza jurídica a las empresas que evalúen contratar a los presos.
En la actualidad, las cifras oficiales indican que cerca de 2.300 personas privadas de la libertad forman parte de diferentes programas de laborterapia en la provincia. De ese grupo global, unos 274 presos trabajan de manera directa para unidades ligadas a firmas de sectores textil, calzado y papelería.
El volumen económico que genera la producción dentro de los muros es significativo: durante el último año se registraron transacciones por 400 millones de pesos. Una parte importante de esos insumos confeccionados por los presos abastece a centros de salud, municipios y reparticiones públicas provinciales.
Sin embargo, uno de los puntos centrales del debate legislativo será la política salarial aplicada en las penitenciarías. Hoy conviven esquemas donde la parte privada debe liquidar un sueldo equivalente al convenio colectivo, mientras que el Estado abona sumas no remunerativas a los presos.
Desde el área de Seguridad sugieren que obligar a pagar salarios de mercado podría desalentar la llegada de nuevas inversiones privadas. Por ello, el texto final definirá cómo equilibrar los derechos laborales con los incentivos económicos para sumar a más presos al mercado de trabajo.
