La Corte Suprema de la Nación dejó firme una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar salarios docentes y recomponer fondos para programas en las universidades públicas.
El Palacio de Tribunales de Buenos Aires la Corte Suprema de la Nación rechazó por unanimidad un recurso de apelación presentado por el Poder Ejecutivo y dejó firme de este modo una medida cautelar que obliga a las autoridades nacionales a restituir los fondos destinados al financiamiento universitario. La histórica resolución judicial lleva la firma de los ministros del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron de forma unánime los argumentos legales del Gobierno y ratificaron la vigencia total de la manda judicial dictada en la instancia previa a favor de las casas de altos estudios.
¿Qué decidió la Corte Suprema sobre el financiamiento universitario?
Los jueces del tribunal supremo determinaron de manera contundente que la administración central no puede postergar la aplicación de las partidas presupuestarias esenciales bajo el argumento de la falta de recursos específicos vigentes. El fallo judicial exige el cumplimiento inmediato de los artículos fundamentales de la Ley 27.795, una normativa orientada de forma directa a garantizar el financiamiento universitario en un contexto de alta inflación y pérdida sostenida del poder adquisitivo. De este modo, la Justicia respaldó el reclamo colectivo que habían iniciado de manera conjunta el Consejo Interuniversitario Nacional y las distintas instituciones educativas afectadas por los severos recortes presupuestarios dispuestos a nivel nacional.
La disputa legal y administrativa comenzó formalmente tras la publicación del polémico decreto 759, mediante el cual el Estado nacional dispuso arbitrariamente que la ley aprobada por el Congreso solo recibiría recursos si se asignaban partidas nuevas. Esta disposición oficial motivó una fuerte e inmediata reacción del sector académico, que consideró la medida del Ejecutivo como un intento de veto encubierto a una legislación plenamente vigente que regula el financiamiento universitario. Ante esta situación de desamparo presupuestario, los rectores de las universidades públicas decidieron acudir en masa a los tribunales federales para solicitar una tutela judicial urgente que frenara el ahogo financiero institucional.
La orden que dictó la Justicia federal y que ahora convalidó el máximo tribunal del país establece pautas de cumplimiento sumamente estrictas para el área de Capital Humano.
- El Ejecutivo nacional debe calcular de forma urgente la recomposición total de los haberes mensuales de todo el personal docente y no docente de las universidades públicas desde el pasado primero de diciembre de 2023.
- Las autoridades administrativas tienen la obligación legal de transferir las partidas presupuestarias necesarias para reactivar de inmediato la totalidad de los programas de asistencia estudiantil vigentes en el país.
- El Estado nacional debe respetar los acuerdos previos alcanzados en las actas paritarias con los distintos gremios del sector educativo para evitar nuevas sanciones y multas de carácter judicial.
Con este escenario judicial adverso, el Ministerio de Economía deberá revisar de forma urgente sus proyecciones de gasto público para cumplir con la manda del tribunal y evitar mayores conflictos. Las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional expresaron su profunda satisfacción con el fallo de la Corte y manifestaron que esta resolución sienta un precedente histórico y fundamental para la defensa del financiamiento universitario. En las próximas semanas, las diferentes facultades públicas del país esperan recibir las transferencias correspondientes para regularizar el pago de salarios y asegurar el normal dictado de clases durante el presente ciclo lectivo.
