La discusión por el futuro del régimen de Zonas Frías sumó un nuevo capítulo luego de que la Federación Económica de Mendoza (FEM) reclamara públicamente a los senadores nacionales de la provincia que rechacen cualquier iniciativa destinada a reducir o eliminar los beneficios tarifarios vigentes para los usuarios mendocinos.
La entidad, que representa a pequeñas y medianas empresas, comerciantes y emprendedores de distintos sectores productivos, expresó su preocupación por el proyecto que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que próximamente deberá ser analizado por el Senado de la Nación.
Desde la FEM advirtieron que una eventual modificación de la Ley 27.637 tendría consecuencias directas sobre miles de hogares mendocinos, así como también sobre trabajadores, instituciones sociales y sectores económicos que dependen de costos energéticos previsibles para sostener su actividad.
Según sostienen, la inclusión de Mendoza dentro del régimen no fue una decisión política arbitraria, sino el resultado de estudios técnicos vinculados a las condiciones climáticas de la provincia. Argumentan que gran parte del territorio mendocino registra temperaturas invernales que obligan a un mayor consumo de gas para calefacción en comparación con otras regiones del país.
La entidad recordó además que la clasificación utilizada para determinar los beneficios surge de parámetros establecidos por organismos especializados, como ENARGAS y normas técnicas nacionales, que contemplan variables climáticas, energéticas y sociales para definir qué zonas requieren asistencia tarifaria diferencial.
En ese sentido, remarcaron que el esquema actual busca compensar desigualdades estructurales derivadas del clima y garantizar que los usuarios de regiones más frías no afronten costos desproporcionados para cubrir necesidades básicas de calefacción durante los meses de invierno.
Otro de los puntos planteados por la organización empresaria es el impacto social de una eventual eliminación de los descuentos. Según señalaron, la medida afectaría especialmente a familias de ingresos medios y bajos, beneficiarios de programas sociales y sectores vulnerables que ya enfrentan dificultades para afrontar el aumento de tarifas y servicios.
La FEM también planteó que cualquier revisión del sistema debería contemplar criterios vinculados a la estacionalidad, las características geográficas de cada región y la capacidad económica de los hogares, en lugar de eliminar de manera generalizada los beneficios existentes.
Con este posicionamiento, la entidad buscó influir en el debate que deberán afrontar los senadores mendocinos Rodolfo Suárez, Mariana Juri y Anabel Fernández Sagasti, quienes tendrán la responsabilidad de definir el futuro de un régimen que alcanza a miles de usuarios de la provincia.
Mientras la discusión avanza en el Congreso, el tema se consolida como uno de los principales focos de debate político y económico en Mendoza, especialmente ante la llegada de las bajas temperaturas y el impacto que tienen los costos energéticos sobre los hogares y la actividad productiva.
