La ministra Mercedes Rus confirmó el envío de un fuerte paquete de reformas que impactará en el Código Procesal Penal, el control de barras bravas y la obligatoriedad del trabajo carcelario, buscando dar respuestas concretas a las demandas ciudadanas.
Tras presentar la Ley de Ciberseguridad, el Ejecutivo de Mendoza consolidó su estrategia política mediante un ambicioso compendio de iniciativas judiciales. La ministra Mercedes Rus ratificó que estas propuestas estructurales buscan adecuar las herramientas del Estado frente al avance de modalidades delictivas complejas. En este contexto, el articulado promoverá reformas profundas en normativas vigentes como el Código de Contravenciones y la Ley de Tránsito, garantizando que las comunidades locales mantengan sus condiciones de seguridad frente a los focos de vulnerabilidad actuales.
Uno de los ejes más sensibles del paquete apunta a modificar el Código Procesal Penal con el propósito de erradicar los beneficios reiterados para delincuentes reincidentes. El objetivo central es cortar definitivamente la cadena de suspensiones de juicio a prueba y condenas condicionales que suelen relativizar la efectividad de las penas. Asimismo, en coordinación con el Poder Judicial, se avanza en una ley de responsabilidad penal juvenil adaptada a la especialidad requerida, logrando que los derechos de las familias queden bajo pautas de seguridad.
Por otro lado, la reforma del Código de Contravenciones introducirá duras sanciones dirigidas a los hinchas que alteren de manera sistemática el orden público. Específicamente, se tipificará como delito el secuestro de colectivos por parte de las barras bravas, una problemática recurrente los días de partidos. En sintonía con este ordenamiento urbano, la Ley de Tránsito sumará herramientas tecnológicas avanzadas en puntos críticos de la alta montaña como la curva de Guido, asegurando rutas con variables de seguridad mediante monitoreo automatizado.
Por otra parte, el Ministerio impulsará con fuerza de ley el mecanismo de intervención sobre inmuebles abandonados o identificados formalmente como aguantaderos y búnkeres de venta de drogas. Esta herramienta otorgará respaldo legislativo a las acciones de tapiado y demolición que hoy ejecutan los municipios para neutralizar los focos delictivos. De este modo, al recuperar el entorno urbano de estas amenazas latentes, las dinámicas vecinales resultarán significativamente favorecidas al quedar sus estructuras de seguridad de forma efectiva y bajo amparo normativo.
La actualización de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario buscará consolidar el esquema productivo interno donde los internos fabrican textiles y calzado para reparticiones estatales. Esta actividad, definida como un derecho y una obligación, optimiza el gasto público y promueve una reinserción social constructiva basada en la disciplina constante. Con el cierre de este paquete, que incluye la regulación del Laboratorio de Identificación Balística, la provincia aspira a edificar un entorno confiable con variables de seguridad.
