Tras la viralización de un streaming realizado por reclusos del penal de San Felipe, el gobierno de Mendoza desligó responsabilidades sobre la falta de inhabilitación de los equipos móviles dentro del penal.
El revuelo generado a raíz de la transmisión en vivo realizada por un grupo de internos desde el Complejo Penitenciario San Felipe sumó un nuevo capítulo en la agenda política local. En este contexto, el gobernador Alfredo Cornejo rompió el silencio para dar explicaciones públicas sobre la presencia de dispositivos móviles dentro de los establecimientos carcelarios de la provincia.
A través de declaraciones, Alfredo Cornejo sostuvo que la imposibilidad de inhibir las señales telefónicas responde puramente a cuestiones regulatorias que exceden la jurisdicción mendocina. Según explicó la máxima autoridad provincial, los bloqueos tecnológicos actualmente están contemplados y habilitados de manera exclusiva para los penales de órbita federal, lo que deja atadas de manos a las administraciones provinciales.
Por su parte, Alfredo Cornejo remarcó que desde el Ejecutivo local se han realizado gestiones formales ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la cartera de Seguridad de la Nación para revertir este panorama. La intención concreta, según precisó la mandataria de la provincia a través de la propuesta impulsada por la ministra Mercedes Rus, es lograr una resolución que invalide automáticamente cualquier aparato detectado dentro de los pabellones.
Asimismo, Cornejo hizo hincapié en que, si la Nación aprueba la norma solicitada, la erradicación del uso indeseado de teléfonos se volvería casi automática al inutilizar el servicio de red. En esa línea, el mandatario insistió en que el verdadero problema radica en la demora burocrática del gobierno central para dar el visto bueno a la herramienta técnica presentada desde Mendoza.
Cornejo desestimó tajantemente que las anomalías ocurridas en el penal de San Felipe sean producto del accionar o descuido del sistema penitenciario mendocino. De este modo, la gestión provincial busca desligarse del escándalo mediático y presionar a las autoridades de la Nación para que otorguen una rápida respuesta al pedido formal sobre las telecomunicaciones en el encierro.
