La nueva herramienta busca conciliar y reestructurar compromisos financieros de manera gratuita. Apunta a quienes tienen comprometida gran parte de su sueldo y pretende evitar que los conflictos con los acreedores terminen en la Justicia.
A través de la Resolución 384, el Gobierno provincial puso en marcha la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), un espacio diseñado para prevenir, sanear y reorganizar los pasivos de aquellas familias que atraviesan una crisis económica profunda. En este sentido, la intervención que plantea la Dirección de Defensa del Consumidor será totalmente administrativa, gratuita y voluntaria, con el único fin de generar una mesa de diálogo entre los usuarios y sus acreedores para lograr acuerdos justos y realizables.
El sobreendeudamiento es un problema que puede desencadenarse por múltiples factores, como la pérdida del trabajo, contingencias de salud o las turbulencias que dejaron las altas tasas de interés del año pasado, tal como advirtió el ministro Natalio Mema. Por consiguiente, desde el área de Defensa del Consumidor buscan acompañar esta compleja transición brindando un paraguas institucional que permita ayudar a quienes tienen verdadera voluntad de pago, ofreciendo alternativas viables antes de que la situación de insolvencia se vuelva irreversible.
Para acceder a este servicio de mediación, los interesados deben tener domicilio real en Mendoza y demostrar que sus obligaciones financieras superan el 30% de los ingresos netos de su grupo familiar conviviente. Sin embargo, los lineamientos establecidos por Defensa del Consumidor contemplan una flexibilización de ese límite, bajándolo al 25% cuando se trata de hogares en situación de vulnerabilidad social, ya sea porque hay menores a cargo, jubilados con la mínima, personas con discapacidad, desempleados o trabajadores informales.
Respecto al tipo de pasivos que se pueden renegociar, el esquema abarca saldos de tarjetas de crédito, préstamos personales, plataformas financieras digitales y mutuales, dejando afuera del sistema a las obligaciones alimentarias, deudas con garantía hipotecaria o multas penales. Sumado a esto, Mónica Lucero, titular de Defensa del Consumidor, destacó que la prioridad de la dependencia no es solo acercar a las partes para esquivar litigios judiciales, sino también aprovechar la instancia para promover la educación financiera y proteger a largo plazo a los mendocinos.
