La intervención del Banco Central desató una profunda conmoción política que derivó en la dimisión del Presidente de Paraguay, mientras crece la inquietud de miles de ahorristas en todo el país.
Una sacudida política y económica conmociona a la región tras la confirmación de que dimitió el Presidente de Paraguay, Santiago Peña, acorralado por el avance de un severo escándalo bancario. El anuncio se oficializó este jueves a través de un mensaje grabado en video, donde el máximo jefe de Estado sostuvo que ningún cargo público puede situarse por encima del resguardo de la ciudadanía ni de las instituciones del país.
La vertiginosa salida del Presidente de Paraguay se desencadenó luego de que el Banco Central de Paraguay (BCP) resolviera intervenir Ueno Bank, una de las entidades financieras más importantes del mercado local. Las autoridades regulatorias constataron que la firma sufrió un desplome crítico en su índice de solvencia, el cual descendió por debajo del 50 por ciento del mínimo legal exigido para operar con normalidad.
El colapso de la firma provocó una inmediata convulsión institucional y aceleró la presión legislativa sobre el Presidente de Paraguay, cuyo mandato quedó severamente desestabilizado en cuestión de horas. Ante el peligro de una corrida y la pérdida de confianza en el sistema, el titular del Congreso, Basilio Núñez, exigió la renuncia inmediata del mandatario o la apertura de un juicio político para salvaguardar los fondos públicos y privados.
Buscando contener el pánico social antes de dar un paso al costado, el Presidente de Paraguay dispuso la remoción del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y nombró en su reemplazo a Pedro De Jesús Acosta. Sin embargo, la movida en la cúpula monetaria no logró aplacar la indignación pública ni contener el deterioro político de la gestión gubernamental.
La incertidumbre sobre el futuro de los depósitos sigue en aumento, en un escenario donde la gestión saliente del Presidente de Paraguay deja abiertas severas dudas sobre el alcance de las coberturas estatales. Actualmente, el Fondo de Garantías de Depósitos cubre montos de hasta 75 salarios mínimos (aproximadamente 228,3 millones de guaraníes o unos 38.300 dólares), cifra que resulta insuficiente para devolver la calma a los grandes y medianos depositantes de la entidad clausurada.
